En mayo entrará en vigencia la Ley 21.131 más conocida como Ley de Pago a 30 días. Esta normativa representa un gran apoyo para las Pymes que -muchas veces- tienen que esperar hasta ciento veinte días para recibir el pago por sus productos y servicios.
Junto con la disminución en los plazos y el mejor control de ventas gracias a la Guía de Despacho Electrónica, la ley situará a Chile al nivel de países desarrollados que tienen un promedio de pago de 34 días, según un estudio de Hermann Consultores.
La normativa introduce dos plazos a partir de su plena entrada en vigencia:
Otro cambio es la incorporación de una comisión moratoria fija por recuperación de pagos, equivalente al 1% del saldo insoluto adeudado, y que se suma a los intereses corrientes que se deben pagar en caso de mora.
Una de las excepciones a la regla son los plazos de pago estipulados cuando el Estado es el comprador. Si bien se aplicará el plazo de pago de 30 días, se contempla un plazo de hasta 60 días en caso de licitaciones y contratos. Lo anterior comenzará a regir a partir del mes 29 desde la publicación de la ley.
Además de la Comisión moratoria, esta ley contempla los siguientes puntos:
Para hacer efectivo el control de ventas y la fiscalización de los plazos, será obligatorio el uso de la Guía de Despacho Electrónica. Al respecto, es conveniente destacar que el plazo para la implementación de esta herramienta será de un año a partir de la publicación de la ley en el Diario Oficial.
Si bien faltan más de dos años para que la Ley de Pago a 30 días entre en plena vigencia, su promulgación es un gran avance para el fortalecimiento de las Pymes. Se espera que esta normativa mejore la capacidad de negociación de este sector frente a las grandes empresas, siendo al mismo tiempo un aliciente para generalizar las buenas prácticas de pago en el mercado nacional.