En Colombia, la salud y la seguridad de los trabajadores han adquirido un papel protagónico dentro del marco normativo laboral. Con la entrada en vigencia de la Resolución 1843 de 2025, el Ministerio del Trabajo actualiza y refuerza las disposiciones que rigen las evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo de la historia clínica laboral, consolidando un entorno normativo moderno, inclusivo y preventivo. Esta regulación impacta a todos los actores del mercado laboral: empleadores, trabajadores, contratistas, ARL, prestadores de servicios en salud laboral y más.
El objetivo principal de esta norma es regular la práctica de las evaluaciones médicas ocupacionales en todo el territorio nacional, sin importar el tipo de contrato, el sector económico ni la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales. También establece los criterios técnicos para la elaboración, confidencialidad y uso de las historias clínicas ocupacionales.
Este nuevo marco normativo promueve el trabajo digno, previene riesgos laborales, fortalece los procesos de vigilancia epidemiológica y busca erradicar prácticas discriminatorias en el acceso y permanencia en el empleo.
La resolución asigna al empleador el deber de garantizar las condiciones necesarias para realizar evaluaciones médicas integrales, oportunas y periódicas. Entre sus principales responsabilidades destacan:
El incumplimiento de estas obligaciones puede conllevar sanciones administrativas y económicas, según lo establecido por las leyes vigentes.
La Resolución 1843 de 2025 no solo protege la salud de los trabajadores, sino que les otorga herramientas para participar activamente en la construcción de ambientes seguros. Se reconoce su derecho a:
Además, se les exige cumplir con normas del SG-SST, asistir a las evaluaciones en los tiempos programados, usar correctamente los EPP y acatar las restricciones o recomendaciones médicas tanto en el entorno laboral como fuera de este.
La norma establece seis evaluaciones mínimas que todo empleador debe implementar:
Estas evaluaciones deben ser realizadas por médicos especialistas en seguridad y salud en el trabajo, con licencia vigente, y contar con una historia clínica ocupacional estructurada y confidencial.
La historia clínica ocupacional es un documento privado, protegido por las normas de protección de datos personales. Su custodia es responsabilidad del prestador del servicio médico ocupacional. Esta no puede ser anexada a la hoja de vida ni compartida con terceros, salvo por autorización del trabajador o mandato judicial.
El concepto médico que se entrega al empleador no puede incluir el término “no apto” y solo debe señalar restricciones o recomendaciones necesarias para proteger la salud del trabajador.
Uno de los avances más relevantes de esta resolución es su enfoque preventivo y de protección contra la discriminación:
Las ARL tienen un papel de acompañamiento y asistencia técnica. Deben:
En los casos donde el trabajador esté expuesto a sustancias químicas, biológicas o agentes cancerígenos, el empleador deberá implementar protocolos de evaluación médica más detallados. Estos deben incluir identificación del agente, órganos blanco afectados, métodos de evaluación, criterios diagnósticos y consideraciones especiales como embarazo o inmunosupresión.
El incumplimiento de esta norma puede acarrear sanciones para empleadores, trabajadores, contratistas, ARL y prestadores de servicios de salud. La resolución entró en vigor el 29 de abril de 2025 y otorga un periodo de transición de seis meses para que las organizaciones realicen los ajustes administrativos y técnicos necesarios.
La Resolución 1843 de 2025 representa un avance significativo en la promoción de la salud laboral en Colombia. Su implementación no solo es un imperativo legal, sino también una oportunidad para que las empresas fortalezcan su cultura de prevención, mejoren la productividad y garanticen condiciones dignas para sus colaboradores.
Para los empleadores, es momento de revisar procedimientos internos, actualizar perfiles de cargo y reforzar el SG-SST. Para los trabajadores, esta resolución representa una garantía para el cuidado de su salud y una defensa frente a prácticas discriminatorias.
La salud en el trabajo es una responsabilidad compartida. Con esta nueva norma, Colombia da un paso más hacia entornos laborales más seguros, equitativos y humanos.