Cualquier persona o empresa puede llegar a tener problemas de liquidez y sobrendeudamiento. Por fortuna, en el país tenemos desde 2014 la Ley Nº 20.720, más conocida como «Ley de Insolvencia».
Esta normativa nos permite salir de la situación de endeudamiento mediante herramientas legales de renegociación de pasivos o liquidación activos.
La eficacia de esta norma ha sido indiscutible y actualmente se reestructuran alrededor de USD 1,5 B anuales de deuda. Sin embargo, tenía varios puntos de mejora, especialmente en materia de endeudamiento de pymes. Estos se abordaron con ciertas modificaciones impulsadas mediante la Ley 21.563 que entró en vigor el pasado 11 de agosto.
¿Cuáles son las modificaciones que sufrió la Ley 20.720 y pueden impactar a las pymes?
La nueva norma, impulsada por la Ley 21.563, busca ampliar el número de personas y empresas que pueden beneficiarse de los procedimientos de renegociación de deudas y reestructuración de activos.
Además, busca aumentar las tasas de recuperación de créditos y tiene un enfoque ciudadano, porque su objetivo es reducir “la pérdida social y económica de la sociedad”.
Ahora, si la analizamos con detalle, podemos encontrar los siguientes cambios importantes:
1. Procedimientos simplificados de bajo costo para personas y mipymes
Una de las limitantes de la Ley 20.720 original, era que la reorganización se estaba realizando principalmente en las grandes empresas, principalmente por los altos costos y complejidad de los procedimientos. Los negocios pequeños casi siempre tenían que liquidar.
Con la nueva norma, se eliminan el régimen concursal y los trámites burocráticos. En su lugar, se crean soluciones de reorganización financiera asequibles y rápidas para grandes compañías como para mipymes y personas deudoras.
2. Renegociación gratuita de deudas para emisores de boletas de honorarios
En la línea del punto anterior, la nueva Ley de Insolvencia establece mecanismos para que las personas naturales que emiten boletas de honorarios accedan sin costo y rápidamente a soluciones de renegociación.
3. Incentivo al reingreso al sistema crediticio
Gracias a la nueva normativa, los deudores ahora tienen la oportunidad de volver al sistema crediticio, permitiéndoles vender activos y adquirir préstamos y otras soluciones financieras.
De hecho, la ley dice que, una vez terminados los procedimientos, la Superintendencia y entidades responsables de bancos de datos personales, tienen 30 días para eliminar, bloquear o modificar (según sea el caso) la información del deudor en el Boletín Concursal y demás bases de datos de tipo financiero, comercial, bancario o económico.
El rol de la contabilidad para saber si la empresa sería beneficiaria de la Ley de Insolvencia
Todas las personas y empresas, incluidas las mipymes, pueden acogerse a los beneficios de esta ley. Los requisitos esenciales son:
- Poseer deudas debidamente reconocidas en situación de impago.
- Estar en una situación económica desfavorable.
Sin embargo, debemos ir un poco más allá a la hora de establecer la necesidad real de acogerse a la ley. Esto implica un análisis de la situación financiera y los flujos de caja, que nos ayude a determinar con precisión el nivel de endeudamiento de pymes y las posibilidades de subsanar las obligaciones financieras sin ir a los tribunales.
En caso de que la deuda sea alta y determinemos que la empresa no puede seguir pagando en los términos originalmente pactados, tenemos una clara necesidad de acudir a la Ley 20.720.
Aquí nuevamente requerimos una contabilidad ordenada, pues la solicitud ante autoridad competente debe ir acompañada de un informe de situación financiera que relacione con precisión todos los pasivos, activos, gastos e ingresos (aquí son claves los flujos de capital proyectados y las cuentas por cobrar).
Las empresas que llevan su contabilidad en el ERP Defontana no tendrán problema al respecto. Allí tienen sus registros contables actualizados y gestionados según estándares internacionales. Y, lo que es mejor, pueden generar automáticamente estados financieros confiables.
